Comunicado de Prensa: Distribuidoras que no cumplan perderán la concesión y deberán llevar luz a 58 mil familias
Ciudad de Panamá, 4 de octubre de 2026. La reforma a la Ley 6 que se discute en la Asamblea Nacional permitirá cancelar la concesión a las distribuidoras que no cumplan con la calidad del servicio y las obligará a llevar electricidad a unas 58 mil familias que hoy viven sin luz. Así lo explicaron el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, en el programa Debate Abierto.
«Tiene que llegarle a la empresa una señal económica, que le cueste la mala calidad del servicio», afirmó el Secretario. Explicó que, sin consecuencias reales, las distribuidoras siguen cobrando la tarifa completa mientras el usuario espera años por una respuesta a sus reclamos.
La administradora de la ASEP detalló que el proyecto incorpora cinco causales de terminación del contrato de concesión vinculadas a la calidad, entre ellas incumplir los indicadores, las obligaciones de electrificación rural y las inversiones aprobadas en el ingreso máximo permitido. «La ley se tiene que cumplir, esté quien esté», sostuvo.
La reforma también eleva a rango de ley la figura del interventor y obliga a las distribuidoras a cumplir primero lo ordenado por la ASEP, antes de acudir a los tribunales, en dos casos que hoy se demoran años, los daños a aparatos por fluctuaciones de voltaje y los créditos por sanciones que deben reflejarse en la factura.
El Secretario puso el foco en una deuda histórica. Casi el 5% de los hogares del país no tiene electricidad porque se encuentra fuera de las zonas de concesión, en áreas que las empresas consideran poco rentables. «A nadie le interesa hacer una línea o una microrred a 30 kilómetros, metido en la selva o en un área de difícil acceso», señaló. Recordó que Costa Rica y Nicaragua tienen una cobertura cercana al 100% y sostuvo que la tarea debe recaer en quien tiene la capacidad, porque «el que sabe hacer distribución es el distribuidor». La Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría identificarán las comunidades, la ASEP trasladará la obligación a las distribuidoras y la Oficina mantendrá sus funciones y proyectos.
La reforma también sienta las bases para una tarifa más competitiva. La administradora de la ASEP explicó que el cambio clave es devolver a las distribuidoras la responsabilidad de licitar la compra de energía, de manera oportuna y a plazos de 10, 15 y hasta 20 años. Con contratos de largo plazo, las distribuidoras obtienen mejores precios y quedan cubiertas al 100% de su demanda, sin tener que recurrir al mercado ocasional, donde la energía es más cara. Como muestra de lo que se puede lograr, señaló que las dos licitaciones realizadas en marzo alcanzaron precios competitivos, que se trasladan a la tarifa en beneficio del usuario, a diferencia de la última década. A esto se suma la reducción de un punto en la prima incluida en la tasa de rentabilidad que la ASEP fija a las distribuidoras cada cuatro años, lo que según la administradora contribuye a una tarifa más baja. Aunque la tarifa depende también de factores variables como el combustible, ante la pregunta de si estas medidas se traducirán en mejores precios para el consumidor, su respuesta fue «por supuesto».
El Secretario descartó que la creación de comercializadores independientes abarate la factura. Advirtió que, como el 90% de los clientes son residenciales, se produciría un «descreme», porque estos actores se quedarían con los grandes clientes, mientras la mayoría de los hogares quedaría sin ningún beneficio. Citó el caso de El Salvador, único país de Centroamérica con esta figura para clientes finales, que no tiene una tarifa menor que la de Panamá.